EL GOBIERNO AVANZA CON LA PRIVATIZACIÓN DEL BELGRANO CARGAS POR 50 AÑOS
El Gobierno nacional abrió este jueves la licitación para concesionar las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. El proceso contempla una concesión de 50 años y abarca más de 7.500 kilómetros de vías que atraviesan 16 provincias.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de privatizaciones y abrió formalmente el proceso de licitación para que empresas privadas puedan operar las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.
La medida fue oficializada este jueves y contempla concesiones por un período de 50 años, con el objetivo de incorporar inversiones privadas y mejorar la infraestructura y la capacidad de transporte ferroviario de cargas.
En total, el esquema alcanza unos 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia importantes puertos argentinos y con países de la región como Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá mejorar el estado de las vías, aumentar la circulación de trenes y fortalecer el transporte de productos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.
El proceso también incluye la posibilidad de que los operadores privados adquieran material rodante, como locomotoras y vagones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la licitación.
La medida genera especial interés en las provincias atravesadas por estas redes ferroviarias, debido al papel que el tren de cargas puede desempeñar en el traslado de productos agropecuarios, industriales y de otros sectores de la economía.
Santiago del Estero forma parte de ese entramado ferroviario, por lo que el futuro del Belgrano Cargas también puede tener impacto en la actividad productiva y logística provincial.
Las empresas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Gobierno y presentar sus ofertas dentro del cronograma fijado para el proceso de licitación.
La iniciativa constituye uno de los principales pasos del Gobierno en su estrategia de transferir a operadores privados la explotación de infraestructura ferroviaria y reducir la participación directa del Estado en el sistema de cargas.
La discusión sobre el futuro del ferrocarril vuelve así a ocupar un lugar central en la agenda nacional, con posiciones a favor y en contra respecto del modelo de concesión y sus posibles consecuencias para el transporte y las economías regionales.
