ARGENTINA AVANZA CONTRA LAS PETROLERAS QUE OPERAN EN MALVINAS Y PREPARA NUEVAS DENUNCIAS
El Gobierno argentino profundizó su ofensiva contra las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y anunció nuevas medidas legales contra compañías que operan en la zona.
El Gobierno argentino profundizó esta semana su ofensiva contra las empresas petroleras que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en el marco del reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
La primera denuncia penal fue presentada contra la petrolera israelí Navitas Petroleum, sus subsidiarias y otras compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion, que busca desarrollar un yacimiento ubicado en la Cuenca Norte de las Malvinas.
La presentación fue realizada por el Gobierno argentino y apunta contra empresas que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas para desarrollar actividades hidrocarburíferas que la Argentina considera ilegales por realizarse en un territorio cuya soberanía reclama.
El proyecto Sea Lion es operado por Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, y por la británica Rockhopper Exploration, que tiene el 35% restante. Las compañías proyectan comenzar la producción de petróleo en los próximos años.
Además de la denuncia penal, el Gobierno anunció que avanzará con sanciones contra empresas, personas y proveedores vinculados con las actividades hidrocarburíferas en las islas. Según informó el Ejecutivo, el proceso alcanza a unas 45 compañías y personas relacionadas con esos proyectos.
La administración de Javier Milei también busca impedir que las empresas involucradas en la explotación petrolera de Malvinas puedan desarrollar simultáneamente actividades en la Argentina, particularmente en Vaca Muerta.
En los últimos días, tres grandes compañías internacionales de servicios petroleros —Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes— anunciaron que no participarán en proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas ni en las áreas marítimas circundantes.
El Gobierno argentino sostiene que las medidas buscan defender los derechos de soberanía sobre las islas y evitar que la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur avance sin autorización argentina.
El Reino Unido, por su parte, mantiene su posición de soberanía sobre las Malvinas y respalda las licencias otorgadas para la actividad petrolera en el área.
