LA JUSTICIA LE DIO CINCO DÍAS AL GOBIERNO PARA CUMPLIR CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a aplicar la medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Si el Gobierno no cumple dentro del plazo establecido, podría recibir multas económicas por cada día de demora.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, luego de analizar la documentación presentada por el Ministerio de Capital Humano. El magistrado concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento completo de la medida cautelar que se encuentra vigente.
La resolución se refiere a la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y, específicamente, a los artículos vinculados con la recomposición de los ingresos del personal docente y no docente y la actualización de las becas destinadas a estudiantes.
Cormick estableció un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo acredite el cumplimiento de las disposiciones. En caso de persistir el incumplimiento, el juez advirtió que podrá aplicar sanciones económicas diarias.
La medida cautelar había sido solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco del conflicto que mantienen las universidades nacionales con el Gobierno por el financiamiento del sistema.
Según la resolución judicial, la información presentada por el Ministerio de Capital Humano no permitió demostrar que la cautelar haya sido cumplida de manera integral. Por ese motivo, el magistrado rechazó que la situación pudiera considerarse resuelta y volvió a exigir la aplicación de lo dispuesto judicialmente.
Uno de los puntos centrales es la recomposición salarial. De acuerdo con información difundida por la Universidad Nacional del Litoral a partir del reclamo universitario, se plantea una actualización del 32,5% para recuperar parte de la pérdida salarial acumulada durante los primeros años de la actual administración.
La decisión judicial se conoce mientras continúa el conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales y se mantienen los reclamos de docentes, trabajadores no docentes y estudiantes.
Ahora el Gobierno deberá presentar ante el juzgado la documentación que acredite las medidas adoptadas dentro del plazo fijado. De no hacerlo, quedará expuesto a las sanciones económicas advertidas en la resolución.
La disputa también se desarrolla en paralelo con el debate del Presupuesto Nacional 2027, donde el financiamiento de las universidades constituye uno de los puntos de discusión entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario.
