LA QUINTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA MOVILIZA AL PAÍS EN RECLAMO DE FONDOS Y MEJORAS SALARIALES
Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias se movilizan este jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y las becas estudiantiles, y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La comunidad universitaria argentina realiza este jueves una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.
La movilización, que tiene como escenario central la Plaza del Congreso, reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales. También se desarrollan concentraciones en distintas ciudades del país, en una jornada que coincide con el debate parlamentario sobre otras iniciativas impulsadas por bloques opositores.
La convocatoria se produce en medio de un conflicto que lleva meses y que incluye reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las dificultades presupuestarias de las universidades y la actualización de las becas destinadas a los estudiantes.
El reclamo por el financiamiento universitario
Uno de los principales objetivos de la marcha es exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla medidas para recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, reclama un presupuesto de aproximadamente 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario. La cifra contrasta con los recursos previstos por el Gobierno nacional para el sector.
Las autoridades académicas advierten que la insuficiencia de fondos afecta el desarrollo de las actividades educativas, la investigación científica, la infraestructura y las condiciones laborales del personal universitario.
El conflicto también llegó a la Justicia. El miércoles 14 de octubre, el juez federal Martín Cormick impuso una multa diaria de 100.000 pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar relacionada con la actualización de los salarios universitarios y los fondos para becas.
Una jornada con otros reclamos sociales
La movilización universitaria coincide con una jornada de protestas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que también reclaman respuestas sobre discapacidad, endeudamiento familiar y la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
En paralelo, distintos bloques opositores intentan avanzar en la Cámara de Diputados con una sesión especial para debatir estos asuntos. La coincidencia entre la movilización y la actividad parlamentaria amplía el alcance de la jornada más allá del conflicto educativo.
Los organizadores convocaron a la concentración central frente al Congreso para las 13.30, mientras que el acto principal está previsto para las 16. La movilización cuenta con el respaldo de gremios docentes y no docentes, federaciones estudiantiles y organizaciones de distintos sectores.
Movilizaciones en el interior del país
La convocatoria también tiene réplicas en las provincias, donde las comunidades universitarias organizan concentraciones y marchas para visibilizar la situación presupuestaria de las instituciones locales.
El reclamo apunta a garantizar la continuidad de las actividades académicas y científicas, preservar las becas y mejorar los ingresos del personal universitario.
La jornada se desarrolla mientras el Congreso debate el Presupuesto Nacional 2027, una discusión que definirá los recursos asignados a las universidades durante el próximo año. Para las autoridades académicas y los gremios, la incorporación de fondos suficientes será determinante para sostener el funcionamiento del sistema público de educación superior.
