LA CRISIS UNIVERSITARIA SE PROFUNDIZA Y CRECE LA TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS UNIVERSIDADES
Tras una nueva marcha federal, la comunidad universitaria reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto incluye salarios docentes, becas estudiantiles y recursos para el funcionamiento de las casas de estudio.
El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas volvió a ocupar el centro de la agenda nacional tras la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre, con movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar al Gobierno nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades académicas, en medio de una disputa que combina reclamos presupuestarios, salariales y judiciales. La comunidad universitaria sostiene que la falta de actualización de los recursos afecta el funcionamiento de las instituciones y las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas.
Uno de los principales puntos de conflicto es la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso en 2025. La norma contempla mecanismos de actualización del financiamiento universitario y de los salarios docentes, además de medidas vinculadas con las becas estudiantiles.
El Gobierno de Javier Milei cuestionó la aplicación de la ley por su impacto fiscal y buscó suspenderla mediante un decreto. Sin embargo, el 6 de octubre de este año, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inconstitucional ese decreto y ordenó avanzar con el cumplimiento de la norma. El Ejecutivo apeló la decisión judicial.
De acuerdo con un análisis de Chequeado publicado el 15 de octubre, el presupuesto destinado a la educación superior en 2026 se ubica un 25,3% por debajo del nivel de 2023, medido en términos reales. En el mismo período, los salarios docentes registraron una caída real del 24,2%.
La movilización del jueves volvió a poner en discusión el futuro de la universidad pública y la responsabilidad del Estado en su financiamiento. Mientras las autoridades nacionales sostienen la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, las universidades reclaman recursos que permitan garantizar el funcionamiento de las instituciones, la recomposición salarial y la continuidad de sus actividades académicas y científicas.
