CAMIONEROS TRANSFIRIÓ $2.580 MILLONES A FIDEICOMISOS VINCULADOS CON LA ESPOSA DE HUGO MOYANO
Entre abril y junio, el Sindicato de Camioneros transfirió casi $2.580 millones desde sus cuentas bancarias hacia dos fideicomisos vinculados con empresas relacionadas con Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. Las operaciones se producen en medio de la crisis financiera que atraviesa la obra social del gremio.
El Sindicato de Camioneros transfirió $2.579.853.035 entre el 29 de abril y el 1° de junio hacia dos fideicomisos vinculados con el entramado empresarial de Liliana Esther Zulet, esposa del histórico dirigente sindical Hugo Moyano.
Los movimientos de dinero se realizaron desde cuentas que el sindicato tiene registradas en el Banco Provincia y tuvieron como destino estructuras vinculadas con empresas que forman parte del grupo empresario administrado por Zulet.
Entre las compañías relacionadas con este esquema aparecen Iarai, dedicada al área de salud y asistencia; Aconra, vinculada con la construcción; y Dixey, del rubro textil.
Las transferencias se producen en un contexto especialmente delicado para la obra social de los trabajadores camioneros, que atraviesa una situación financiera compleja y acumula importantes niveles de deuda.
Según la información conocida, los movimientos recientes presentan similitudes con una operatoria detectada anteriormente. Entre septiembre de 2025, el sindicato y su obra social habían transferido aproximadamente $900 millones a tres fideicomisos vinculados con Zulet.
Los nuevos movimientos generaron preocupación dentro del ámbito sindical y alimentaron cuestionamientos sobre el destino de los fondos del gremio.
Las empresas vinculadas al entorno de Zulet mantienen desde hace años una relación comercial con Camioneros y aparecen como proveedoras de distintas áreas relacionadas con la organización sindical y su obra social.
En algunas de esas sociedades también figuran familiares de Moyano y Zulet, entre ellos Jerónimo Moyano, hijo del dirigente sindical y de su esposa.
La situación se encuentra bajo la lupa en un momento en el que la obra social enfrenta dificultades financieras y se discuten distintas alternativas para sostener sus prestaciones y evitar un agravamiento de su crisis.
Hasta el momento, los movimientos financieros mencionados no implican por sí mismos la existencia de un delito. Los cuestionamientos apuntan al destino y a la operatoria de los fondos, mientras que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada a partir de las investigaciones correspondientes.
La información sobre las transferencias vuelve a poner bajo la lupa el manejo económico del Sindicato de Camioneros y el entramado de empresas y fideicomisos relacionados con el entorno familiar de Hugo Moyano.
