CRISIS INSTITUCIONAL EN PARAGUAY: PEÑA RENUNCIÓ, EL CONGRESO NO ACEPTÓ SU SALIDA Y AVANZA EL JUICIO POLÍTICO
El presidente paraguayo anunció su renuncia el jueves, acorralado por el escándalo financiero de Ueno Bank, pero el Congreso dejó sin quórum la sesión que debía tratar su dimisión. Este viernes comenzó el juicio político en el Senado, que rechazó su pedido de 72 horas para preparar la defensa. Sus abogados anunciaron que se presentarán ante los legisladores, mientras tres funcionarios de su Gobierno abandonaron sus cargos y la Fiscalía abrió investigaciones penales.
Paraguay atraviesa una de las mayores crisis políticas e institucionales de los últimos años. El presidente Santiago Peña anunció su renuncia el jueves 5 de noviembre, en medio del escándalo por la intervención y posterior proceso de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a su trayectoria empresarial que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros.
Sin embargo, su salida del poder no se concretó. La sesión conjunta del Congreso convocada para tratar la dimisión quedó sin quórum después de que legisladores oficialistas abandonaran sus bancas. De esta manera, la renuncia no fue aceptada y Peña continúa formalmente al frente del Poder Ejecutivo, mientras avanza el juicio político en su contra.
El origen de la crisis: la caída de Ueno Bank
El conflicto comenzó a profundizarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención y el proceso de resolución de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país.
La autoridad monetaria detectó que el índice de solvencia de la institución había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, luego de ajustes realizados en sus estados financieros durante un proceso de regularización.
El banco tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes. La decisión dejó a millones de usuarios sin posibilidad de retirar sus ahorros, realizar transferencias digitales o utilizar sus tarjetas.
El caso adquirió rápidamente una dimensión política por los vínculos que Peña había mantenido con el grupo empresarial. El mandatario fue accionista de Ueno Holding, conglomerado al que pertenece la entidad bancaria, hasta marzo de 2025.
Las denuncias también apuntaron a la colocación de importantes sumas de dinero público en el banco, incluidos depósitos provenientes del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo encargado de administrar los fondos jubilatorios paraguayos. Según las investigaciones, la entidad había recibido más de 800 millones de dólares de organismos públicos.
La renuncia de Peña y la ruptura política
El jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debatía el inicio de un juicio político en su contra, Peña anunció mediante un mensaje grabado que había decidido presentar su renuncia a la Presidencia.
En su declaración sostuvo que tomaba la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la ciudadanía y expresó su expectativa de que los ahorristas afectados pudieran recuperar sus fondos.
La decisión se produjo cuando el mandatario había perdido respaldo incluso dentro de su propio espacio político, el Partido Colorado.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación para someterlo a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones.
El expresidente Horacio Cartes, uno de los principales referentes del oficialismo y mentor político de Peña, también respaldó su salida.
Posteriormente, el Congreso convocó a una sesión conjunta para analizar la renuncia. Sin embargo, cuando llegó el momento de avanzar con la votación, legisladores oficialistas abandonaron sus bancas y dejaron sin quórum a la Cámara de Diputados.
La maniobra impidió completar el procedimiento y mantuvo a Peña formalmente en la Presidencia.
Por qué el Congreso no aceptó la renuncia
Detrás de la disputa parlamentaria existe una cuestión institucional y judicial.
La Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden convertirse en senadores vitalicios. Esa condición les otorga fueros parlamentarios y una protección especial frente a procesos penales.
Sin embargo, esa posibilidad no alcanza a quienes fueron sometidos a juicio político y declarados culpables.
Por ese motivo, sectores de la oposición rechazaron la posibilidad de aceptar la renuncia de Peña y reclamaron que el proceso de destitución continúe hasta una resolución.
Si la dimisión fuera aceptada, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia y Peña podría acceder a la condición de senador vitalicio. Si, en cambio, el Senado lo encuentra culpable y lo destituye, perdería ese beneficio.
Para aprobar la destitución se necesitan 30 votos de los 45 integrantes del Senado.
Comenzó el juicio político y Peña pidió 72 horas para defenderse
Tras fracasar el tratamiento de la renuncia, el Senado convocó a una sesión extraordinaria y avanzó con el juicio político.
Los legisladores que actúan como fiscales acusadores presentaron formalmente los cargos contra el mandatario. Entre los cuestionamientos figuran presuntos conflictos de intereses, vínculos empresariales con Ueno Holding, posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y la designación de un exdirectivo del grupo financiero al frente del Banco Central.
Peña recibió la notificación del proceso durante la noche del jueves y aseguró que tuvo menos de 12 horas para preparar su defensa. Según explicó, recibió cerca de 300 páginas de acusaciones y documentación anexa.
Por ese motivo, solicitó una prórroga de 72 horas para organizar su presentación junto con sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.
El mandatario cuestionó los plazos y sostuvo que no se estaban respetando las garantías del debido proceso. También aseguró que no evitaría dar explicaciones ante el Congreso y que expondría su versión de los hechos.
Este viernes, el Senado rechazó el pedido de una prórroga de tres días y avanzó con la convocatoria para que Peña ejerciera su defensa.
En las últimas horas, su equipo jurídico anunció que se presentará ante los legisladores. Según la información difundida por medios paraguayos, el propio mandatario no participaría de toda la audiencia y podría intervenir durante los alegatos finales.
Los senadores también aprobaron una extensión de 20 minutos para el plazo de presentación, mientras continúa el procedimiento.
Tres funcionarios abandonaron el Gobierno
La crisis también provocó nuevas renuncias dentro del gabinete presidencial.
El ministro del Interior, Enrique Riera, presentó su dimisión el jueves. Su salida fue aceptada por Peña y en su reemplazo fue designado Carlos Benítez, quien se desempeñaba como viceministro de Seguridad Interna y había sido comandante de la Policía Nacional.
Este viernes también renunciaron el jefe del Gabinete Civil, Javier Giménez, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno. Ambas dimisiones fueron aceptadas por el mandatario.
Las salidas se produjeron mientras el Congreso avanzaba con el juicio político y el futuro del Gobierno permanecía sin una definición institucional.
La investigación penal y los allanamientos
En paralelo al proceso político, el Ministerio Público paraguayo abrió nuevas investigaciones relacionadas con el funcionamiento de Ueno Bank y la posible utilización irregular de fondos públicos.
La Fiscalía General conformó un equipo especial de fiscales para investigar las denuncias que involucran a Peña, al vicepresidente Pedro Alliana y a actuales y anteriores funcionarios de organismos estatales.
Las actuaciones buscan determinar posibles responsabilidades en la supervisión de la entidad, la colocación de fondos públicos y previsionales y las decisiones adoptadas durante el proceso que derivó en su intervención.
La causa también alcanzó a los principales directivos del banco. El exdirector ejecutivo Miguel Vázquez fue imputado por presuntos delitos, entre ellos lesión de confianza y tentativa de estafa. Además, la Justicia ordenó medidas de detención preventiva para integrantes del directorio.
Durante los procedimientos realizados en Asunción, fiscales y policías allanaron oficinas y domicilios vinculados con la entidad. También secuestraron vehículos de alta gama que se encontraban en una propiedad de uno de sus directivos.
Comenzaron los pagos a los ahorristas
Mientras se desarrolla la crisis política, el Banco Central de Paraguay comenzó este viernes a pagar las garantías de depósitos a los clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.
El primer grupo de beneficiarios comprende a personas cuyos depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1.565 dólares al tipo de cambio informado para la jornada.
Para acceder al reintegro, los clientes deben cumplir determinadas condiciones, entre ellas no mantener deudas con la entidad y disponer de una cuenta en otro banco para recibir el dinero.
La medida busca dar una primera respuesta a los millones de usuarios que quedaron sin acceso a sus fondos tras la intervención.
Qué puede pasar ahora
El futuro político de Santiago Peña depende de la resolución del Senado. El mandatario continúa formalmente en el cargo porque su renuncia no fue aceptada y el juicio político sigue adelante.
Si los legisladores reúnen los 30 votos necesarios para declararlo culpable, será destituido y el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la Presidencia hasta completar el mandato, previsto para agosto de 2028.
Si la renuncia finalmente fuera aceptada, se abriría otro escenario institucional, con la posibilidad de que Peña acceda a una banca vitalicia en el Senado.
Mientras tanto, las investigaciones judiciales sobre el escándalo financiero continúan y miles de paraguayos esperan recuperar sus ahorros.
La crisis de Ueno Bank dejó de ser un problema exclusivamente financiero: puso en discusión los vínculos entre el poder político y los intereses empresariales, el manejo de los recursos públicos y la responsabilidad de las autoridades en uno de los episodios más delicados que enfrenta Paraguay en los últimos años.
