DIPUTADOS APROBÓ PENAS DE HASTA 10 AÑOS DE PRISIÓN POR VANDALISMO RURAL
La iniciativa busca incorporar al Código Penal sanciones específicas por el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los daños contra bienes vinculados con la producción. El proyecto obtuvo 162 votos a favor, 77 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el miércoles 21 de octubre un proyecto de ley que incorpora la figura del vandalismo rural al Código Penal y establece penas de hasta 10 años de prisión para determinados ataques contra la producción agropecuaria.
La iniciativa, impulsada por el diputado Martín Ardohain, del PRO, fue aprobada con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. El texto recibió modificaciones durante el debate parlamentario, a partir de acuerdos entre el autor del proyecto y el legislador del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez.
La propuesta contempla sanciones para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales y para quienes destruyan o dañen bienes utilizados en la actividad agropecuaria. Entre los elementos alcanzados se encuentran las silobolsas, los cultivos, el ganado, los sistemas de riego, las bombas de agua y las instalaciones destinadas a la provisión de energía.
QUÉ PENAS ESTABLECE EL PROYECTO
El texto fija penas de un mes a un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a impedirlo. La sanción podrá elevarse a dos años cuando la intrusión obstaculice la producción o genere un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos.
Para los daños que afecten directamente el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura agropecuaria, se prevén penas de dos a ocho años de prisión, además de multas de entre tres y doce veces el valor del perjuicio ocasionado.
El máximo podrá llegar a diez años cuando intervengan tres o más personas que actúen coordinadamente y el hecho provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización.
La iniciativa también contempla el daño a instalaciones tecnológicas y recursos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos, como paneles solares, generadores, bombas sumergibles, alambrados, tranqueras, silos y reservas de agua.
EL DEBATE ENTRE LOS BLOQUES
Durante la discusión, los legisladores que respaldaron el proyecto argumentaron que la legislación penal debe contemplar las particularidades de la producción rural y brindar herramientas para sancionar los ataques que afectan el trabajo y la infraestructura del campo.
Ardohain sostuvo que la propuesta busca cubrir vacíos legales y adaptar las normas a los elementos tecnológicos utilizados actualmente en las explotaciones agropecuarias. Gutiérrez, por su parte, acompañó las modificaciones incorporadas al texto durante la sesión.
Entre quienes rechazaron la iniciativa estuvo la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionó que la reforma pudiera favorecer a los grandes propietarios de tierras y a las corporaciones agropecuarias.
La votación reflejó diferencias entre los bloques respecto del alcance de las sanciones y de los efectos que podría tener la incorporación de esta figura penal.
Con la aprobación de la Cámara baja, el proyecto deberá continuar su recorrido legislativo en el Senado. Hasta que complete ese trámite y se convierta en ley, las nuevas sanciones no estarán vigentes.
