EL GOBIERNO HABILITÓ UN RÉGIMEN DE RETIRO VOLUNTARIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS NACIONALES
La medida está dirigida a determinados trabajadores de la Administración Pública Nacional y prevé un período de inscripción durante noviembre. El programa contempla compensaciones económicas para quienes decidan finalizar su relación laboral y cumplan con los requisitos establecidos.
El Gobierno nacional estableció un régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, en el marco de su política de reorganización del Estado y reducción del gasto público.
La medida, instrumentada mediante el Decreto 1203/2026, permite que determinados trabajadores soliciten la desvinculación laboral a cambio de una compensación económica, de acuerdo con las condiciones fijadas por la normativa.
El período de adhesión está previsto entre el 1 y el 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días corridos.
El régimen alcanza al personal permanente y a determinados trabajadores contratados por tiempo indeterminado que cumplan con los requisitos establecidos. No se trata de una convocatoria abierta a todos los empleados estatales, ya que la normativa contempla exclusiones según el organismo y la situación laboral de cada agente.
CÓMO FUNCIONARÁ EL RETIRO VOLUNTARIO
El esquema establece diferentes modalidades de compensación económica, según la edad, la antigüedad laboral y la situación previsional de cada trabajador. En algunos casos, el cálculo contempla una suma vinculada a los años de servicio, con topes y adicionales previstos en el decreto. Para otros grupos se establece una compensación mensual durante un período determinado.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló que alrededor de 20.000 empleados estarían en condiciones de solicitar el beneficio.
Entre los sectores excluidos figuran integrantes de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, personal del Servicio Exterior y agentes de la Secretaría de Inteligencia de Estado. También existen exclusiones para determinados organismos y categorías de trabajadores.
La adhesión implica la finalización de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. Además, quienes accedan al beneficio no podrán volver a ser contratados por el Sector Público Nacional durante ocho años, según las condiciones establecidas por la normativa.
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Las autoridades de cada jurisdicción deberán analizar los pedidos y podrán rechazarlos cuando consideren que la desvinculación afecta el funcionamiento o la prestación de servicios públicos.
El plazo previsto para resolver las solicitudes es de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción. Si no se comunica una aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
La implementación del régimen se inscribe en la política del Gobierno nacional de revisar la estructura del empleo público y reducir los gastos de funcionamiento del Estado. Su alcance efectivo dependerá de la cantidad de trabajadores que se adhieran y de las solicitudes que finalmente sean aprobadas.
Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina e Infobae.
