Presionada por gremios y regionales, la CGT tomó posición contra la Corte Suprema

Luego de un silencio inicial, la principal central sindical publicó un comunicado donde se solidariza con CFK pero no anticipa medidas de ningún tipo frente a la advertencia de algunos gremios que ya se declararon en estado de alerta y movilización

Empujada por los gremios alineados con Cristina Kirchner y con la presión de diversas regionales, la CGT finalmente emitió un extenso comunicado en vísperas de una definición judicial que puede sacudir el tablero nacional. Bajo el título «La Democracia está en peligro», la principal central sindical acusa al máximo tribunal de «alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación» si decide avanzar con un fallo que «ponga en cuestión reglas democráticas» en una causa teñida de «irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa». 

 «La persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías», acusa.Así y todo, no advierte sobre medida reactiva alguna en línea con las amenazas de movilización y paro desde diversos sectores.

En la previa, el clima se venía caldeando en una parte del mundo sindical. Desde los estatales de ATE a los bancarios que conduce Omar Palazzo, pasando por una parte de las y los trabajadores judiciales, los mecánicos de SMATA, el personal legislativo de APL, los gráficos y la UOM de Abel Furlán, entre otros., ya habían manifestado su repudio a una posible condena e inhabilitación política de la expresidenta. En otros, el silencio resultaba atronador.

A lo largo del comunicado, la CGT denuncia que «se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. En lugar de eso, se transforman en mecanismos de persecución y proscripción política», comparando el escenario con la condena al presidente brasileño Luiz inácio Lula da Silva, en 2018. «Es la voluntad popular la que debe ser resguardada, ya que solo ella puede decidir, a través de elecciones libres, quiénes serán sus representantes, sin interferencias de otros poderes que obstaculicen ese acto de soberanía constitucional».