RÉGIMEN PENAL JUVENIL: FAMILIAS DE VÍCTIMAS APOYAN LA REFORMA Y LA IGLESIA PIDE NO AGRAVAR LA VULNERABILIDAD
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen que permite la intervención penal desde los 14 años, el debate se trasladó a sus efectos concretos. Mientras familiares de víctimas consideran que la reforma responde a una necesidad de justicia, desde la Pastoral Judicial advierten sobre los riesgos de profundizar situaciones de vulnerabilidad.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en todo el país y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 17 años que sean acusados de cometer delitos. La modificación generó distintas reacciones entre organizaciones, especialistas, familiares de víctimas y sectores de la Iglesia.
Uno de los principales respaldos a la reforma provino de familiares de personas asesinadas, quienes consideran que el nuevo régimen puede brindar una respuesta frente a delitos graves cometidos por menores y evitar situaciones en las que, por su edad, no existía una respuesta penal específica.
Para estas familias, el debate no pasa solamente por la edad de responsabilidad penal, sino también por la necesidad de que quienes cometen delitos graves sean sometidos a un proceso que contemple los derechos de las víctimas y establezca consecuencias proporcionales a los hechos.
En sentido contrario, la Pastoral Judicial manifestó preocupación por algunos aspectos de la reforma y planteó la necesidad de evitar que la respuesta penal termine profundizando las condiciones de vulnerabilidad de los adolescentes.
Desde este sector de la Iglesia se reclamó que la aplicación del nuevo régimen esté acompañada por políticas de inclusión, educación, contención familiar y oportunidades para los jóvenes, especialmente para aquellos que se encuentran en contextos sociales desfavorables.
El nuevo sistema contempla distintas medidas para los adolescentes involucrados en delitos, entre ellas reglas de conducta, tareas comunitarias, reparación del daño y dispositivos de monitoreo, además de penas de prisión para determinados casos. La normativa establece también límites específicos para las sanciones y excluye la posibilidad de prisión perpetua.
El desafío ahora será determinar cómo se implementará el régimen en la práctica y si permitirá alcanzar un equilibrio entre la necesidad de justicia para las víctimas, la responsabilidad de los adolescentes que delinquen y la obligación del Estado de garantizar su reinserción social.
Así, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil dejó de centrarse únicamente en la reducción de la edad de responsabilidad penal y comenzó a girar en torno a una pregunta más amplia: cómo responder frente al delito sin abandonar las políticas de prevención, protección y reinserción.
