Tierras: “En Santiago del Estero el derecho a la propiedad privada no se aplica”

Fuente: NOVA

En Santiago del Estero parece que costara aplicar la Constitución. Al menos el artículo 21, el del derecho a la propiedad privada, algo no garantizado por la enorme cantidad de tierra que están usurpadas en estos momentos y la inacción de la policía, la Justicia y el Gobierno es evidente.

Es una debilidad de la democracia que empieza en una situación irregular de dominio, que en la provincia es generalizada, en muchos casos aprovechada por abogados afines al kirchnerismo o al poder del gobierno Zamorista.

Una proporción significativa de los campos de Santiago del Estero no tiene la escritura en condiciones simplemente porque sus dueños, en algunos casos propietarios de hasta una quinta generación, no hicieron como corresponde ni ese trámite ni el de la sucesión.

Eso alienta a abogados y escribanos que, con el respaldo del Mocase y a veces hasta amparados en la ley nacional 26.160, que obliga a un relevamiento territorial para los pueblos originarios, a discutir por la fuerza y con amenazas los títulos.

Muchas de las usurpaciones cuentan además con el respaldo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero en ocasiones basta con la astucia de especialistas en litigar de buenos contactos.

Las víctimas pueden ser grandes productores, como la familia Masoni, el caso más conocido en todo el país porque tienen relación con el macrismo, pero también pequeños productores anónimos y de nula filiación política, cuyos campos no pasan de unas pocas hectáreas y que, hartos de la situación, hicieron la semana pasada una asamblea para dar a conocerla.

Esta mecánica de usurpación es, como el reclamo de la tierra, ancestral: el propietario se descuida, un día llega un contingente de vecinos con palos, lo amedrentan e irrumpen en el predio.

El dueño seguramente hará la denuncia, pero es difícil que sea escuchado y, si tiene esa suerte, entrará en un litigio eterno donde tallan miembros de la Justicia que, en general, también tienen algo que ver con el gobierno.

Las historias, que son múltiples y similares, dan cuenta de una provincia en la que los conflictos se dirimen por la fuerza. Por eso la asamblea de la semana pasada hablaba de “condiciones medievales”.