VILLA ATAMISQUI: CUESTIONAN EL DESTINO DE $150 MILLONES PREVISTOS PARA OBRAS DE AGUA
El intendente Víctor Rosales afirmó que los fondos habrían sido destinados en 2022 a trabajos de infraestructura hídrica en tres parajes rurales que, según sostuvo, no se habrían ejecutado. Además, el Tribunal de Cuentas intimó al municipio a presentar rendiciones pendientes de gestiones anteriores.
La situación administrativa de la Municipalidad de Villa Atamisqui quedó bajo cuestionamiento luego de que el intendente Víctor Rosales revelara presuntas irregularidades vinculadas con fondos destinados a obras de agua y documentación contable pendiente de presentación.
En declaraciones al programa Actualidad Política, de Radio LV11, el jefe comunal explicó que el Tribunal de Cuentas de Santiago del Estero intimó al municipio a presentar rendiciones correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, además de períodos de 2025 anteriores al cambio de gestión.
La resolución del organismo provincial, fechada el 29 de septiembre de 2026, estableció un plazo de diez días desde la notificación para presentar la documentación requerida, bajo apercibimiento legal.
Rosales asumió el 10 de diciembre de 2025 y señaló que los períodos observados corresponden a la administración anterior, encabezada por Brandán.
LOS FONDOS DESTINADOS A OBRAS HÍDRICAS
Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue la situación de aproximadamente $150 millones que, según afirmó, habrían sido destinados durante 2022 a obras de provisión de agua en tres parajes rurales del departamento.
El intendente sostuvo que, al revisar los antecedentes de esos trabajos, su administración no habría encontrado las obras ejecutadas. También mencionó que productores de la zona se acercaron al municipio para consultar sobre el proyecto y reclamar información.
Hasta el momento, las afirmaciones difundidas públicamente no permiten establecer por sí solas qué ocurrió con los fondos ni confirmar si existieron responsabilidades administrativas o penales. Para determinarlo será necesario examinar los expedientes de las obras, las transferencias de dinero, las certificaciones de trabajos y las rendiciones correspondientes.
Tampoco se informó públicamente, en la cobertura consultada, que exista una condena judicial relacionada con este caso.
RECLAMOS DE PROVEEDORES Y DEUDAS PENDIENTES
Durante la entrevista, Rosales también mencionó reclamos de proveedores que podrían rondar los $200 millones. Según explicó, parte de esas obligaciones requiere una revisión documental por parte de la actual administración.
El intendente cuestionó las condiciones en las que recibió el municipio y señaló que debió afrontar reparaciones de vehículos y otras necesidades para sostener los servicios locales.
La situación abre interrogantes sobre la administración de los recursos públicos durante los períodos observados. Por ahora, el requerimiento del Tribunal de Cuentas constituye una instancia administrativa y no implica, por sí mismo, que se haya comprobado un delito.
La información disponible tampoco incluye una respuesta de la gestión anterior sobre las obras de agua cuestionadas ni sobre las rendiciones pendientes.
