AMIA: PROCESARON A SIETE IRANÍES Y UN LIBANÉS Y AVANZA EL JUICIO EN AUSENCIA
El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho acusados por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA. La resolución, de más de 600 páginas, dispone además embargos de 500 millones de dólares para cada uno.
La decisión judicial fue adoptada en el marco de la investigación por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, que dejó 85 personas muertas y 151 heridas.
Rafecas, que subroga el Juzgado Federal N° 6, procesó a siete ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés, todos ellos acusados de distintos grados de participación en la organización y ejecución del ataque. Los imputados permanecen fuera del país y se encuentran prófugos.
El procesamiento fue dictado bajo el régimen de juicio en ausencia, establecido por la Ley 27.784. Esta herramienta permite que el proceso penal avance aunque los acusados no se encuentren a disposición de la Justicia argentina, con la representación de defensores oficiales para garantizar su derecho a la defensa.
En su resolución, Rafecas sostuvo, a partir de las pruebas incorporadas a la investigación, que la decisión política de llevar adelante el atentado fue tomada en agosto de 1993 por la conducción del régimen iraní y que la ejecución fue encomendada a Hezbollah. El fallo también describe una red de apoyo que habría operado desde la zona de la Triple Frontera.
Entre los procesados se encuentran exfuncionarios iraníes y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés señalado por el magistrado como responsable de coordinar la etapa final del ataque.
La resolución también estableció embargos de 500 millones de dólares sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados. Además, el juez dictó la falta de mérito para otros dos imputados, Abdallah Salman y Hussein Mouzannar.
El fallo considera al atentado como un crimen de lesa humanidad y sostiene que existieron responsabilidades vinculadas con la planificación y ejecución del ataque. La resolución puede ser apelada, por lo que el avance hacia un eventual juicio oral todavía requiere atravesar las instancias procesales correspondientes.
A más de 32 años del atentado, la causa continúa así con una nueva etapa judicial, esta vez bajo el mecanismo que permite avanzar hacia un juicio aun cuando los principales acusados permanezcan fuera del territorio argentino.
