EL GOBIERNO BUSCA APROBAR LA LEY MALVINAS ANTES DEL FALLO DEL TRIBUNAL DEL MAR Y ENDURECER LAS SANCIONES A LAS PETROLERAS
La Casa Rosada pretende que Diputados trate el proyecto este miércoles 18 de noviembre. La iniciativa apunta a ampliar las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. El Gobierno busca avanzar antes de la resolución internacional prevista para el 28 de noviembre.
El Gobierno de Javier Milei busca acelerar el tratamiento de la denominada Ley Malvinas, cuyo nombre formal es Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, para reforzar las medidas contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las islas.
La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados este miércoles 18 de noviembre, antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre el pedido argentino para frenar las actividades del emprendimiento petrolero Sea Lion, cuya resolución está prevista para el 28 de noviembre en Hamburgo, Alemania.
En la Casa Rosada consideran que contar con un nuevo régimen de sanciones permitiría aumentar la presión jurídica y económica sobre las compañías que participan de operaciones hidrocarburíferas en los espacios marítimos disputados con el Reino Unido.
QUÉ CAMBIOS PROPONE EL PROYECTO
La iniciativa plantea reemplazar y ampliar el esquema de sanciones vigente. Entre las medidas previstas figuran multas económicas, inhabilitaciones, restricciones para contratar con el Estado y sanciones penales para determinadas actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Uno de los objetivos es que las penalidades no alcancen solamente a las empresas operadoras, sino también a accionistas y proveedores vinculados con esos emprendimientos.
El proyecto también contempla mecanismos para que las compañías que abandonen las actividades cuestionadas puedan acceder a un régimen de desistimiento y regularización.
Actualmente, la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, establece prohibiciones y sanciones para las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
LAS DIFERENCIAS CON LOS BLOQUES ALIADOS
Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, el oficialismo todavía debe resolver diferencias con los bloques dialoguistas. El principal punto de conflicto es el Título VII, que incorpora modificaciones electorales y penales relacionadas con la injerencia extranjera.
Provincias Unidas, Argentina Federal y otros legisladores reclaman eliminar ese apartado o tratarlo por separado. Entre sus cuestionamientos mencionan el alcance de las nuevas figuras penales y los posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Ante la falta de consenso, La Libertad Avanza analiza proponer una votación por capítulos. La estrategia permitiría separar las disposiciones vinculadas con las sanciones por la explotación de recursos en Malvinas de los artículos que generan mayor resistencia parlamentaria.
El oficialismo también espera sumar respaldos de sectores de la oposición que coinciden con la necesidad de sancionar las actividades petroleras en las islas, aunque no acompañan el resto de las modificaciones.
EL FALLO DEL TRIBUNAL DEL MAR
La Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar un pedido de medidas provisionales para frenar el avance del proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Durante las audiencias realizadas el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, el país reclamó que se impidan nuevas perforaciones y actividades de explotación, además de otras medidas destinadas a preservar los recursos naturales y evitar que se agrave la controversia.
Las empresas proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.
El Reino Unido rechazó los argumentos argentinos y pidió que se desestimen las medidas solicitadas.
La resolución prevista para el 28 de noviembre no definirá la soberanía sobre las Islas Malvinas. El tribunal deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina, mientras que la controversia de fondo continuará por otra vía jurídica.
EL GOBIERNO PREPARA DISTINTOS ESCENARIOS
En la Casa Rosada contemplan tres posibilidades ante el pronunciamiento internacional: una decisión favorable a la Argentina, la concesión de medidas parciales o el rechazo del pedido.
El Ejecutivo sostiene que continuará con el reclamo incluso si el tribunal no concede las medidas provisionales. Para eso, prevé mantener el procedimiento arbitral iniciado bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, además de las acciones diplomáticas y administrativas.
En paralelo, Cancillería mantiene abiertos procedimientos sancionatorios contra 60 personas y entidades vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
El Gobierno busca que la aprobación parlamentaria de la ley funcione como una señal política antes del fallo internacional y le permita ampliar las herramientas legales para actuar contra las compañías que participen de la explotación de recursos en el área en disputa.

